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El juicio por el incumplimiento estatal del estatuto de YPF en el momento de su expropiación, que finalmente fue favorable para Argentina en segunda instancia, le ocasionó a Burford Capital, financista de la demanda, una pérdida contable de 2.438 millones de dólares en el primer trimestre de 2026.
Así lo informó el fondo a sus inversores. Christopher Bogart, CEO de Burford, señaló que, aunque la pérdida relacionada con YPF fue decepcionante y generó un cargo contable no monetario significativo, no tuvo impacto en caja. “De hecho, incluso si YPF no volviera a pagar un solo centavo, habremos generado 236 millones de dólares en ingresos de caja y más de 100 millones en ganancias por el caso. Además, somos optimistas respecto a un resultado favorable en el arbitraje”, afirmó.
El fondo presentará este viernes un recurso para que un plenario de jueces de la Corte de Apelaciones de Nueva York revise la sentencia que anuló la condena al Estado a pagar 16.100 millones de dólares más intereses. En caso de ser rechazada, no descartaron acudir a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
No obstante, reconocieron que “la probabilidad de obtener un alivio adicional en los tribunales estadounidenses es baja desde un punto de vista estadístico”, aunque cabe recordar que también eran escasas las chances del Estado de ganar en la segunda instancia.
Burford comenzó a financiar en 2015 las demandas de los administradores de la quiebra de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, vehículos de la familia Eskenazi que quedaron debiendo cerca de 3.000 millones de dólares a Repsol y a bancos internacionales vinculados a su ingreso a YPF, así como de Eton Park.
“Seguiremos buscando una recuperación para los demandantes a partir de los activos vinculados a YPF, y creemos que estos conservan un valor potencial significativo para Burford. Sin embargo, la fuerte desvalorización tras el fallo de apelación explica principalmente los resultados del primer trimestre de 2026”, destacaron desde el fondo.
En este contexto, Burford informó que los demandantes tienen la intención de presentar reclamos bajo el tratado bilateral de inversión entre España y Argentina (en el caso de Petersen) y bajo el tratado bilateral entre Estados Unidos y Argentina (en el caso de Eton Park).
“El arbitraje es un proceso que suele durar varios años —un caso promedio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial tarda 4,4 años—, pero es plenamente capaz de alcanzar el mismo resultado que el tribunal estadounidense de primera instancia. El 86% de las 51 demandas concluidas por arbitraje entre inversores y el Estado contra Argentina se resolvieron a favor del inversor, incluyendo el último éxito de Burford contra Argentina, y el 97% de todos los laudos del CIADI obtienen cumplimiento”, subrayó el fondo.
Dado que el arbitraje suele ser un proceso confidencial, se espera que haya escasa información pública durante los próximos años. Por este motivo, Burford dejará de publicar actualizaciones sobre YPF en sus balances. Tras la pérdida en el juicio, revaluó contablemente sus activos del caso a apenas 93 millones de dólares, frente a los más de 1.500 millones en el trimestre previo.
“El ajuste de valor razonable genera un impacto neto negativo de 1.476 millones de dólares en el ingreso neto antes de impuestos atribuible exclusivamente a Burford”, explicó la compañía.
Por su parte, la Procuración del Tesoro informó que la probable presentación de Burford ante el CIADI “ya había sido pretendida por los demandantes en 2015 y fue posteriormente abandonada por decisión de los propios actores, quienes optaron por litigar exclusivamente ante los tribunales de Nueva York”.
“El intento de reabrir ahora esa vía constituye un nuevo e improcedente esfuerzo de los demandantes por revivir, sin credibilidad alguna, un reclamo que ya fue rechazado de manera contundente por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito”, concluyeron los representantes del gobierno de Javier Milei.
