¿Quién se piensa que es «la dueña de la patota» Florencia Arietto?

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¿Quién se piensa que es «la dueña de la patota» Florencia Arietto?la columna de Jorge Santiago

¿Quién se piensa que es «la dueña de la patota» Florencia Arietto?

Leandro Gómez volvió a la fábrica como quien regresa a su casa después de haber triunfado en una larga batalla. No lo hacía por capricho, ni por nostalgia: lo hacía porque la Justicia había ordenado su reincorporación. Delegado sindical, elegido por sus compañeros, despedido sin miramientos, su retorno era la consecuencia lógica de un fallo que reconocía derechos básicos. Pero en la Argentina, lo lógico suele ser lo menos probable.

 

Cuando Gómez se presentó en Lustramax, no lo esperaban, ni el dueño ni el gerente de recursos humanos. Lo esperaba la senadora provincial Florencia Arietto. Sí, leyó bien: una senadora, que además es abogada de la empresa. Y no estaba allí para garantizar el cumplimiento de la sentencia, sino para impedirle el ingreso. La política convertida en guardia de seguridad.

 

¿Cuál es la paradoja? Que alguien que militó por la Ley Bases -que tipifica como justa causa el bloqueo a las empresas, entendiendo por tal la acción de impedir el ingreso o egreso de persona o cosas, incurrió en la conducta que la ley castiga. De acuerdo con las modificaciones introducidas por la ley 27.742, el artículo 94 inciso B de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que hizo Arietto es una injuria laboral grave y de haber sido empleada de la empresa, pkdría haber sido despedida con causa.

 

La escena es digna de un sainete criollo: el trabajador con el fallo en la mano, la senadora con la llave de la puerta. La justicia dice “adentro”, la dueña de la patota -como se refirió a ella Myriam Bregman- dice “afuera”. Y en el medio, la pregunta que desvela: ¿puede una senadora provincial ejercer la abogacía en forma particular para un cliente privado? La respuesta legal es compleja, pero la respuesta ética es sencilla: no debería. Porque la representación popular exige dedicación exclusiva y, sobre todo, distancia de los intereses particulares.

 

Una senadora que defiende a una empresa contra un trabajador reincorporado por la justicia encarna la metáfora perfecta de lo que es su misión en política: poner su banca al servicio del poder económico. El mandato popular convertido en contrato privado. La banca legislativa usada como escritorio de estudio jurídico.

 

En definitiva, lo que se vio en Lustramax es digno de una película grotesca: una Justicia que habla pero nadie la escucha, una senadora que aprovecha sus vínculos politicos para ofrecerlos como valor agregado para ejercer la abogacía particular y la resistencia de los de abajo.

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