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El escándalo por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri vuelve al centro de la escena judicial.
El fiscal federal Franco Picardi apeló el fallo que había archivado las denuncias contra el expresidente y exfuncionarios de su gestión por el préstamo récord de 57.100 millones de dólares otorgado por el FMI en 2018. En su presentación, sostuvo que existen elementos suficientes para avanzar hacia nuevas instancias del proceso penal, entre ellas la citación a indagatoria de los involucrados.
La causa apunta directamente a Mauricio Macri, al exministro de Finanzas Luis Caputo y al entonces presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, por presuntas irregularidades en el trámite, aprobación y ejecución del acuerdo que endeudó a la Argentina por décadas.
Según Picardi, el archivo dispuesto en primera instancia fue prematuro y desestimó pruebas relevantes. En ese sentido, el fiscal habló de una posible “plataforma criminal”, al advertir que el préstamo habría sido gestionado por fuera de los mecanismos legales, sin cumplir los controles administrativos ni respetar las normas que rigen el endeudamiento público.
Entre los elementos citados en la apelación se encuentran informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que señalan graves falencias en el procedimiento, ausencia de dictámenes clave y un rol determinante del Poder Ejecutivo en decisiones que debían haber pasado por el Congreso.
Ahora será la Cámara Federal la que deberá definir si mantiene el archivo de la causa o si, como plantea el fiscal, reabre la investigación y habilita el avance hacia las indagatorias de los principales responsables políticos y económicos del acuerdo con el FMI.
El caso vuelve a poner bajo la lupa uno de los episodios más controvertidos del endeudamiento argentino reciente y reabre un interrogante central: quiénes y cómo decidieron comprometer el futuro financiero del país.
