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Por Gus Reimon.
El Gobierno libertario eligió callar. Otra vez. Mientras la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal otorgó la libertad condicional a Eduardo Kalinec, ex comisario de la Policía Federal condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, el Poder Ejecutivo evitó cualquier pronunciamiento institucional. No hubo repudio, no hubo preocupación, no hubo defensa de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. El silencio no es neutral: es político.
Frente a este escenario, la diputada Cecilia Moreau presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para expresar el más enérgico repudio y preocupación por una decisión judicial que constituye un grave retroceso democrático y un acto de impunidad. El texto pone en palabras lo que el oficialismo se niega a decir.
Kalinec no es un nombre más. Fue uno de los represores que actuó en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo (ABO), un engranaje clave del sistema de secuestro, tortura, desaparición y exterminio durante la última dictadura cívico-militar. Según la sentencia del Tribunal Oral Federal N.º 2, participó de toda la cadena represiva: desde los secuestros hasta las torturas, el control de detenidos y la fase final del exterminio, incluyendo las inyecciones previas a los vuelos de la muerte.
No mostró arrepentimiento. No aportó verdad. No colaboró con la justicia. Aun así, fue beneficiado con la libertad condicional. Un mensaje devastador para las víctimas, sus familiares y para una sociedad que construyó, durante décadas, un consenso democrático básico: los delitos de lesa humanidad no son delitos comunes.
El proyecto de Moreau advierte que esta decisión judicial no puede analizarse de manera aislada. Se inscribe en un clima político y cultural de desprecio hacia las políticas de derechos humanos, alimentado desde las más altas esferas del poder. Discursos negacionistas, relativización del genocidio, ataques a organismos de derechos humanos y una narrativa oficial que busca “dar vuelta la página” sin justicia ni memoria.
Ese clima tiene consecuencias. Se expresa en fallos judiciales como este. Se expresa en propuestas de “reconciliación” que igualan víctimas y victimarios. Se expresa, sobre todo, en un Estado que abandona su rol ético y político frente al terrorismo de Estado.
Resulta particularmente obsceno que Kalinec —temido por sobrevivientes desde los años ’80, señalado por su brutalidad en las mazmorras de ABO— haya sido beneficiado cuando existen testimonios que dan cuenta de su sadismo. En uno de ellos, una mujer embarazada declaró que fue golpeada y amenazada con provocarle un aborto durante las torturas. Este es el represor que hoy recupera la libertad.
La paradoja alcanza niveles grotescos: Kalinec llegó a iniciar un juicio por “indignidad” contra su propia hija, mientras él mismo fue condenado por destruir la dignidad humana de cientos de personas sometidas a condiciones infrahumanas.
El proyecto presentado en Diputados no solo repudia la libertad condicional. También llama a defender una política de Estado iniciada en 1983 con Raúl Alfonsín y sostenida durante décadas con amplio consenso social: juzgar los crímenes del terrorismo de Estado y garantizar que no haya impunidad.
El silencio del Gobierno libertario frente a este hecho no es casual ni inocente. Es coherente con una mirada ideológica que minimiza el genocidio, cuestiona los juicios y tolera —cuando no celebra— la rehabilitación simbólica de los represores. Callar ante la libertad de Kalinec es ser parte del problema.
La decisión judicial es grave. Pero más grave aún es que el Estado renuncie a su obligación moral de condenarla. Porque cuando un represor sale libre y el Gobierno mira para otro lado, no solo se hiere la memoria: se debilita la democracia.
