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Por Gus Reimon.
El gobierno de Javier Milei logró aprobar el Presupuesto 2026 y, con él, un nuevo y profundo ajuste sobre la educación pública, la ciencia, la tecnología y la defensa nacional. No lo hizo en soledad. La ley fue posible gracias a una alianza parlamentaria que incluyó a La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y el respaldo clave de gobernadores peronistas.
Con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, el oficialismo consiguió la media sanción tras más de 10 horas de debate en el Senado. La abstención correspondió a la senadora cordobesa Alejandra Vigo. El resultado dejó una foto política contundente: el ajuste avanzó porque hubo quienes decidieron acompañarlo.
El rol decisivo de los gobernadores “dialoguistas”
Entre los apoyos determinantes se contaron los senadores que responden a los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta). En nombre de la “gobernabilidad” y el “equilibrio fiscal”, facilitaron la aprobación de un presupuesto que recorta recursos estratégicos para el desarrollo del país.
El discurso de la responsabilidad fiscal volvió a funcionar como coartada para trasladar el ajuste a las aulas, los laboratorios, las universidades, las escuelas técnicas y las provincias.
La maniobra para blindar el ajuste educativo
Tras aprobarse en general el proyecto, la vicepresidenta Victoria Villarruel puso rápidamente en tratamiento el Capítulo 1 (artículos 1 al 10), que obtuvo idéntico resultado. Sin embargo, el momento más tenso llegó con el Capítulo 2, que incluía el polémico artículo 30, eje del desfinanciamiento educativo y científico.
El senador Jorge Capitanich solicitó votar ese artículo por separado. La respuesta fue un no rotundo. Bartolomé Abdala y el jujeño Ezequiel Atauche argumentaron que el plan de labor aprobado impedía ese mecanismo. En otras palabras: el oficialismo cerró el debate para evitar que quedara expuesto quiénes avalaban el recorte.
“Es inconstitucional”: la denuncia en el recinto
Ante la maniobra, la senadora Anabel Fernández Sagasti planteó una cuestión de privilegio y fue directa al fondo del asunto:
“Este artículo es inconstitucional. Viola el principio de progresividad. No tiene nada que ver con el déficit fiscal. Lo que se hace es borrar de un plumazo todos los consensos que la Argentina logró en educación, ciencia y tecnología”.
La advertencia quedó registrada, pero no alcanzó para frenar la votación.
Así votaron el ajuste
A FAVOR (46 votos):
• La Libertad Avanza: 21
• UCR: 10 (votó en bloque)
• PRO: 3
• Popular: 3
• Provincias Unidas: 1
• Frente Renovador de la Concordia Social: 2
• Movimiento Popular Santacruceño: 2
• Independientes y fuerzas provinciales: 4
EN CONTRA (25 votos):
• Bloque Popular: 25
ABSTENCIÓN (1):
• Alejandra Vigo (Córdoba)
📌 Dato clave: la UCR votó alineada con Milei y el PRO, abandonando cualquier tradición ligada a la defensa de la universidad pública y el sistema científico.
No fue un error, fue una decisión política
Nada de lo ocurrido puede explicarse como un accidente parlamentario. El ajuste a la educación no fue un daño colateral, sino una decisión política consciente, ejecutada con mayorías construidas y acuerdos explícitos.
Muchos de los votos que permitieron el desguace pertenecen a dirigentes que alguna vez se presentaron como defensores de la educación pública. Hoy, levantaron la mano para vaciarla.
Que se sepa quiénes son.
Que no haya olvido.
Porque la educación no se negocia
