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Un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos miembros del equipo económico y legisladores del oficialismo obtuvieron créditos hipotecarios de hasta US$ 350 mil en el Banco Nación, el principal banco público argentino y que La Libertad Avanza apunta a convertir en sociedad anónima. En la entidad aseguran que cumplieron los requisitos y la oposición reclamó información pública sobre esas operaciones.
La información surge de la Central de Deudores del Banco Central y que fue procesada por la plataforma «¿Cuánto Deben?», desarrollado por el visualizador de datos Andrés Snitcofsky y hecho público en las últimas horas, para hacer un seguimiento sobre la evolucion mensual de deuda que declaran personas políticamente expuestas como funcionarios, diputados o senadores.
En el banco público aseguran que el 90% de los créditos hipotecarios los otorgó esa entidad y que eso responde, en parte, a que administra las cuentas sueldo de los empleados del Estado.
En la lista de funcionarios que sacaron préstamos hipotecarios en el BNA hay integrantes del equipo económico. Los dos con créditos más altos son Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del BCRA, y Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
En los dos casos, el crédito es equivalente a unos US$ 350.000 en el momento en que fueron adjudicados. Para Inchauspe fueron $510 millones en diciembre pasado y, para Núñez, $373 millones en febrero del año pasado.
Más atrás le siguen el ahora secretario de Finanzas Federico Furiase, a quien el BNA le adjudicó $367 millones en agosto pasado, equivalente a 276 mil dólares. En el momento en que se hizo la operación, Furiase era miembro del directorio del Banco Central y asesor del ministro de Economía. Desde el Palacio de Hacienda no hicieron comentarios ante la consulta de Clarín.
Aparece en la plataforma «¿Cuánto deben?» también un integrante del directorio de YPF. Se trata de Emiliano Mongilardi, que forma parte de la compañía desde 2023 y que fue diputado provincial de Chubut. Su crédito fue por $302 millones en octubre pasado, equivalentes a algo más de 211 mil dólares.
Por último, también aparece Juan Pablo Carreira, tuitero oficialista conocido en las redes como Juan Doe y quien es señalado como cabeza de la Oficina de Respuesta Oficial, la dependencia que creó el Gobierno nacional para «desmentir fake news». En su caso, fueron 77 mil dólares ($112 millones en diciembre pasado).
También hay un grupo de legisladores de La Libertad Avanza (LLA) que obtuvieron créditos hipotecarios en el Banco Nación. Fueron Mariano Campero (diputado nacional por Tucumán) por un monto de $279 millones en mayo del 2025, equivalentes a 243 mil dólares.
Le siguen, ordenado por tamaño del préstamo, Santiago Santurio (Buenos Aires), con un equivalente a 239 mil dólares ($303 millones en julio del año pasado); Lorena Villaverde (Río Negro) por $227 millones en enero de 2025 (unos US$ 218 mil).
Luego Alejandro Bongiovanni (Santa Fe), con un monto que representa 176 mil dólares ($255 millones en enero pasado); y más atrás Maria Frías (Chubut) y Alejandro Carrancio (Buenos Aires), con cerca de US$ 145.000 cada uno en el momento en que se adjudicó cada crédito.
Desde el Banco Nación, que preside Darío Wasserman, aseguraron ante este diario que ninguno de los casos explicitados representaron una «excepción» a la regla y trazabilidad normal de los créditos hipotecarios.
Además, que el «scoring» que la entidad debe medir para otorgar el crédito según los ingresos del solicitante (que puede presentarse con codeudores) fueron los indicados en todos los casos.
Desde la oposición salieron a reclamar explicaciones públicas del Banco Nación. El diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulón, miembro de la bancada Provincias Unidas, presentó un proyecto de resolución para determinar «si existen indicadores o evaluaciones específicas vinculadas a la gestión de la cartera crediticia y al cumplimiento de criterios de transparencia e igualdad en el acceso al crédito».
También si hubo controles de la SIGEN que hayan medido «potenciales conflictos de interés o trato preferencial en el otorgamiento de créditos».
Paulón también involucró a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, y pidió saber si hubo advertencias al BNA por un eventual «exceso de límites de asistencia crediticia a ‘personas vinculadas’ (funcionarios públicos) y/o personas políticamente expuestas».
