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Por Gus Reimon
El informe final de la Comisión Especial Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, presidida por el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), entregó un diagnóstico que, de confirmarse, podría marcar un punto de quiebre institucional: la posible participación del Presidente de la Nación en la promoción de un esquema financiero privado incompatible con el ejercicio de la función pública.
Lejos de una polémica digital pasajera, el documento de más de 160 páginas describe una trama que combina vínculos económicos opacos, reuniones no declaradas, ausencia total de controles institucionales, promoción oficial de activos privados y un patrón de conducta reiterado que involucra al Presidente Javier Milei y a un círculo de operadores locales e internacionales.
La pregunta que atraviesa el informe es directa y no admite suavidades:
¿Usó el Presidente de la Nación su investidura para impulsar un negocio privado?
Una trama económica que converge
La Comisión determinó la existencia de vínculos económicos directos entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales, actores centrales detrás del proyecto $LIBRA. El análisis de la blockchain —la parte técnica más sólida del informe— reveló flujos de fondos que coinciden, en montos y fechas, con operaciones que distintos informes previos habían señalado como parte de un acuerdo destinado a monetizar la imagen presidencial.
El documento no habla de rumores: habla de movimientos medibles, verificables y trazables.
El tuit que lo cambia todo
El día en que Javier Milei fijó en su cuenta de X —con tilde gris institucional— un mensaje promocionando el token $LIBRA, la operatoria se multiplicó de inmediato. La Comisión concluye que sin esa intervención directa, el volumen de compras no habría alcanzado el nivel registrado.
Ese acto, afirma el informe, no puede considerarse privado: fue una comunicación oficial, desde una cuenta oficial, revestida de autoridad estatal.
Y ese es, quizás, el corazón del problema.
Reincidencia: el caso KIP y el patrón que se repite
$LIBRA no fue un episodio aislado. En diciembre de 2024, Milei volvió a promocionar —también sin mediación técnica ni jurídica— la moneda digital vinculada a KIP Protocol, en una maniobra que la Comisión califica como “similar en estructura y motivaciones”.
La palabra “reiteración” aparece varias veces en el informe. No por descuido.
Reuniones, silencios y ausencias
Un dato central: 16 reuniones entre funcionarios y actores involucrados en el ecosistema $LIBRA fueron detectadas en Casa Rosada y Olivos.
Solo 4 figuran en el Registro Público de Audiencias previsto por el Decreto 1172/03.
Las otras 12 reuniones quedaron fuera de la transparencia obligatoria, sin justificación conocida.
Pero la irregularidad no se detiene ahí. La Comisión denuncia una conducta inédita:
ningún funcionario del Poder Ejecutivo aceptó comparecer ante los legisladores.
Ni uno.
Para Ferraro, esta falta de colaboración se traduce en un entorpecimiento deliberado de las facultades constitucionales del Congreso. El informe menciona expresamente a:
Mariano Cúneo Libarona
Alejandro Melik
Florencia Zicavo
Paulo Starc
Roberto Silva
Todos señalados por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público.
La pregunta institucional
El capítulo final del documento no deja lugar para interpretaciones ambiguas:
corresponde evaluar si el Presidente incurrió en mal desempeño de sus funciones.
La razón: el informe sostiene que Milei habría:
promovido un negocio privado incompatible con su cargo;
utilizado su investidura para beneficiar intereses particulares;
vulnerado la Ley de Ética Pública y varios artículos del Decreto 41/1999;
actuado sin consultar organismos técnicos ni jurídicos;
eludido controles institucionales en dos oportunidades.
La conclusión es pesada. Y política.
Entre blockchain y responsabilidad política
Por primera vez, un informe parlamentario argentino utiliza herramientas de análisis blockchain para sustentar un caso que involucra directamente al Presidente.
El cruce entre tecnología, política y ética pública abre una grieta que no será fácil de cerrar.
La Comisión actuó —según detalla— bajo el paraguas del artículo 75 inciso 32 de la Constitución, solicitando cooperación del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
No llegó ninguna respuesta.
Un final abierto
El informe $LIBRA no cierra nada.
Abre todo.
Abre el debate sobre los límites de la investidura presidencial en la era digital.
Abre la discusión sobre conflictos de interés en un terreno nuevo: el de los activos cripto.
Y abre, sobre todo, un interrogante profundo sobre el comportamiento institucional del Ejecutivo.
En tiempos donde la frontera entre lo público y lo privado es cada vez más difusa, el caso $LIBRA se convierte en un test para medir algo más que responsabilidades legales: mide la calidad republicana del país.
El resto ahora es política. Y tiempo.
Pero las preguntas ya no se pueden borrar con un tuit.
