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Por Gus Reimon.
Nueva York Nicolás Maduro, compareció ante una corte federal de Nueva York, donde se declaró inocente de los cargos de narcoterrorismo impulsados por la justicia de Estados Unidos y denunció haber sido víctima de una captura ilegal en territorio venezolano.
“Soy el presidente de Venezuela. Me capturaron en mi casa en Caracas”, afirmó Maduro ante el tribunal, al tiempo que se definió como “un prisionero de guerra”, en una declaración que refuerza la denuncia del gobierno venezolano sobre la naturaleza política del proceso.
Desde Caracas, el Ejecutivo venezolano calificó el juicio como un “secuestro” y una agresión directa contra un Estado soberano, denunciando una operación judicial y política “sin precedentes” por parte de Washington. Según el gobierno bolivariano, la detención y el traslado de Maduro a Estados Unidos constituyen una grave violación del derecho internacional, de la soberanía nacional y de las normas que rigen las relaciones entre Estados.
Las autoridades venezolanas sostienen que los cargos carecen de sustento probatorio y forman parte de una estrategia de persecución judicial con fines geopolíticos, destinada a intervenir en los asuntos internos del país y condicionar su conducción política.
El caso abre un escenario de alta tensión diplomática y jurídica, con implicancias regionales e internacionales, mientras distintos gobiernos y organismos observan con atención un proceso que Caracas ya define como un precedente peligroso en el sistema internacional.
