por Gus Reimon.

La situación judicial de Ritondo se agrava

La situación judicial del diputado nacional Cristian Ritondo se complica de manera significativa. La causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos sumó en las últimas horas nuevas pruebas documentales que confirman la existencia de cuentas bancarias y financieras a nombre del legislador, su pareja y una empresa constructora vinculada a su entorno, además de un entramado inmobiliario valuado en más de 55 millones de dólares.

Según consta en el expediente, la Justicia logró acreditar movimientos financieros y estructuras societarias que no guardan relación con los ingresos declarados por Ritondo, lo que refuerza las sospechas sobre la utilización de vehículos empresariales y testaferros para el ocultamiento de activos.

A este escenario se suma una nueva denuncia penal por abuso de autoridad y peculado, radicada en el Juzgado Federal N° 11, que agrava aún más el frente judicial del diputado del PRO. La presentación apunta al presunto uso de recursos y herramientas del Estado para impulsar una denuncia contra el abogado que había iniciado la investigación original por enriquecimiento ilícito.

De acuerdo a la denuncia, Ritondo habría utilizado su posición institucional para desviar fondos públicos y activar mecanismos estatales con fines personales, en un intento de disciplinamiento y represalia contra quien promovió las primeras acciones judiciales en su contra.

Las nuevas imputaciones abren un escenario de doble impacto penal: por un lado, el avance de la causa patrimonial, que ya exhibe cifras millonarias; por otro, la presunta utilización abusiva del aparato estatal, un elemento que podría derivar en responsabilidades penales adicionales.

Con estas incorporaciones probatorias, la causa ingresa en una etapa decisiva y pone a Ritondo en una posición judicial cada vez más comprometida, mientras crecen las presiones para que dé explicaciones públicas sobre el origen de su patrimonio y su conducta como funcionario.