AGENCIA DE GUARDIA SITIO OFICIAL!
Por Gus Reimon.
El gobierno de Javier Milei construyó buena parte de su identidad política denunciando a la “casta”, señalando supuestos privilegios y exaltando una moralidad estricta en materia laboral y fiscal. Sin embargo, los antecedentes de algunos de sus principales funcionarios exponen una contradicción difícil de disimular.
Uno de los casos más elocuentes es el de Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete del Gobierno nacional, quien antes de ingresar al Estado inició una demanda laboral contra su exempleador y cobró una indemnización equivalente a más de 60 mil dólares.
Un reclamo por trabajo no registrado
El conflicto se originó en 2016, cuando Adorni llevaba casi 15 años trabajando en Mapemfi S.A., un concesionario de Renault. En su presentación judicial denunció que parte de su salario era abonado “en negro” y que su fecha real de ingreso no coincidía con la registrada formalmente, apareciendo dos años después.
En la demanda, Adorni sostuvo que:
Siempre percibió remuneraciones parcialmente no registradas.
Esa situación afectó el cálculo de aguinaldos y vacaciones.
Fue despedido sin causa, lo que motivó el reclamo indemnizatorio.
El expediente fue iniciado en 2017 en el Juzgado Nacional de Trabajo N.º 66. En una primera etapa, Adorni incluso citó a otras empresas del grupo empresario por responsabilidad solidaria, aunque luego desistió de esa ampliación.
Un acuerdo millonario, sin juicio
El proceso no llegó a una sentencia judicial. Se resolvió mediante un acuerdo conciliatorio homologado, en el que la empresa se comprometió a pagar 1.000.000 de pesos en cuatro cuotas en concepto de indemnización por antigüedad. Al tipo de cambio de la época, el monto equivalía a más de 60.000 dólares.
El acta aclaró expresamente que el pago se realizaba “al solo efecto conciliatorio y sin reconocer hechos ni derecho alguno al actor”, una fórmula habitual en este tipo de acuerdos. Desde el entorno de Adorni sostienen que el reclamo se realizó dentro del marco legal y que no hubo condena judicial porque el caso se cerró antes del juicio.
El problema no es legal, es político
Nada de lo actuado por Adorni fue ilegal. El punto no es jurídico. El punto es político y ético.
Hoy, el mismo funcionario integra un gobierno que desprecia las demandas laborales, relativiza el trabajo no registrado, impulsa reformas que debilitan derechos y acusa de “privilegiados” a trabajadores, sindicatos y jubilados. Un gobierno que predica sacrificio y ajuste, mientras uno de sus voceros centrales se benefició de la legislación laboral que ahora cuestiona.
La contradicción es evidente:
cuando el reclamo era propio, el derecho laboral era legítimo;
cuando el reclamo es ajeno, pasa a ser un “curro”.
Discursos duros, memorias frágiles
El caso Adorni no habla de una irregularidad individual, sino de una doble vara discursiva que atraviesa al gobierno libertario. Se invoca la ley cuando protege intereses personales y se la demoniza cuando ampara a otros.
Después hablan de mérito.
Después hablan de esfuerzo.
Después hablan de moral.
Pero los archivos existen.
Y la coherencia también cuenta.
