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A pesar de haberla convertido en el eje central de su política económica, hasta el momento Javier Milei no ha logrado más que dejar en evidencia, una vez más, los límites de la teoría del derrame.
Lejos del relato que enarbolan hoy los libertarios, el estudio advierte que no existe evidencia de que los recortes a los impuestos de los ricos haya tenido ningún tipo de impacto positivo. Contundente, el informa señala que estas políticas no tuvieron impacto alguno en el crecimiento de los PBI de cada uno de esos países ni en la creación de empleo. Sí tuvieron, sin embargo, un impacto directo en el aumento de la desigualdad económica.
El análisis de Hope y Limberg coincide además con los hallazgos de otros estudios que sugieren que la movilidad social y la mejora de las condiciones laborales (a contramano del rumbo propuesto por Milei en su proyecto de Reforma Laboral) son más efectivas a través de políticas que favorecen a las clases medias y bajas, en lugar de beneficiar a las élites económicas.
Derrame hacia arriba
En nuestro país esto queda en evidencia a la hora de analizar las estadísticas que están arrojando los primeros dos años de gestión de Milei. Hoy los ricos pagan menos impuestos que hace dos años. Se beneficiaron de reducciones en Bienes Personales, se habilitaron tres más que generosos blanqueos que premian la evasión y el crimen organizado, se eliminaron impuestos a los bienes de lujo como yates, aviones y autos de alta gama y redujeron derechos de exportación.
En ese contexto, el peso sobre la recaudación total de los tributos más regresivos, es decir los que golpean con mayor fuerza a los sectores más postergados (como el IVA por ejemplo), es cada vez mayor mientras que los más progresivos (Ganancias, Bienes Personales) retroceden.
El resultado de 2025 dejó en evidencia que la reducción de gravámenes a los sectores más concentrados de la economía, sin compensar esa pérdida de ingresos al fisco sólo puede sostenerse sobre la base de nuevos ajustes que recaen, una vez más, sobre trabajadores, jubilados y sectores más postergados.
El recurrente mantra de Milei «no hay plata», no es más que una profecía autocumplida en el seno de un círculo vicioso de ajuste sobre ajuste. El Gobierno resigna recursos en favor de los ricos; ajusta a los trabajadores vía ancla salarial, suba de tarifas y quita de subsidios para alcanzar el equilibrio fiscal, profundiza así la recesión, crece el desempleo y recauda menos, lo que lo obliga a volver a ajustar en pos del equilibro fiscal. Y así en una sucesión interminable.
La recaudación de 2025 fue la peor de los últimos 7 años y esto se explicó por la eliminación o reducción de más de 19 impuestos, incluidos (además de los antes mencionados) el Impuesto PAIS (tributo sobre divisas y pagos en moneda extranjera que pagaban quienes viajaban y/o realizaban gastos en el exterior o tenían la posibilidad de ahorrar), baja de las retenciones a las exportaciones y la elevación del mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias, reduciendo gravámenes sobre grandes patrimonios. Ninguna medida que haya implicado un alivio a la carga fiscal de los hogares de menores ingresos e ingresos medios. De hecho, la recaudación por IVA fue la segunda mayor en siete años.
Así, son los sectores medios y bajos los que sostienen la mayor parte de los recursos del Estado mientras se multiplican los beneficios para las grandes fortunas. Y, lejos de modificarlo, el Gobierno apuesta a consolidar este sistema de recaudación regresivo. Esto queda en evidencia en el Presupuesto 2026 en el que casi el 80% de los recursos del Estado se desprenden de los impuestos que recaen sobre salarios, consumo y jubilaciones mientras Bienes Personales aportará menos del 1% a la recaudación total.
Para sustentar esta baja de impuestos a los sectores concentrados y al mismo tiempo alcanzar el equilibrio fiscal el gobierno libertario pisó salarios, redujo subsidios o bien los eliminó por completo (la segmentación tarifaria llegó a su fin este año y solo habrá dos categorías con o sin subsidios energéticos, un golpe directo a la línea de flotación de la clase media) y vía tarifas elevó fuertemente el peso de los servicios públicos en los presupuestos familiares.
El último Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet advirtió que los subsidios económicos destinados a los servicios públicos de agua, energía y transporte registraron en 2025 una caída real del 39% interanual, mientras que, en paralelo, las tarifas que pagan los hogares acumularon un incremento del 594% (esto es, casi se septuplicaron) entre diciembre de 2023 y enero de 2026.
Las economías familiares se resintieron y muchas de ellas apelaron al endeudamiento para llegar a fin de mes. El Banco Central de la República (BCRA) advirtió que en noviembre pasado la morosidad de las familias marcó un nuevo récord y mantiene una ininterrumpida tendencia al alza desde hace 13 meses.
Según el BCRA en noviembre pasado el 11% de los créditos personales y el 9,2% de las tarjetas de crédito estuvieron en irregularidad de pago. La irregularidad en los créditos escaló de 4,2% en noviembre de 2023 a 11% en noviembre de 2025. En el caso de la mora en tarjetas saltó de 1,7% a 9,2% en el mismo período. Estos datos son los más altos de toda la serie que publica la autoridad monetaria desde 2010 y la morosidad crece a una velocidad preocupante solo equiparable con la registrada durante la pandemia.
A ello debe sumarse que las estadísticas del BCRA solo reflejan la mora de las familias en el sistema financiero (bancos) pero no tienen en cuenta la mora que también se observa en entidades no bancarias. En las zonas populares la situación es más grave todavía ya que los hogares recurren al prestamista del barrio con tasas de interés usurarias.
Las familias ya destinan el 33% de sus ingresos exclusivamente a devolver saldos a billeteras virtuales y préstamos no bancarios, la cifra más alta de la serie histórica, que viene creciendo consecutivamente desde marzo de 2025. Además, el 21,4% de la deuda con el sector fintech presenta irregularidades en el pago, una tasa que se triplicó respecto al año anterior (7,4%).
El panorama se agrava al sumar los compromisos con la banca tradicional: el endeudamiento total de los hogares equivale al 140% de sus ingresos mensuales. Pero el dato más alarmante es el deterioro en la capacidad de pago: la cantidad de créditos considerados «irrecuperables» (con más de un año de mora) saltó del 2,6% al 6,4% en apenas doce meses.
Así, el mayor endeudamiento y el derrumbe del poder adquisitivo de las familias explica la debacle del consumo, la profundización de la recesión y el cierre de 21 mil empresas en los últimos dos años a razón de 29 por día, más de una por hora.
De hecho esta semana cerró la textil Emilio Alal S.A., una empresa con más de un siglo de historia que logró a lo largo de estos últimos 100 años sortear cada una de las más que recurrentes crisis de la Argentina pero que no logró sobrevivir a apenas dos años de políticas libertarias.
La recesión y el cierre de empresas destruyeron más de 270 mil empleos formales en apenas dos años, alimentando así el círculo vicioso para el que el manual libertario tiene siempre la misma respuesta: más ajuste. Y consolidando un auténtico derrame de la riqueza, pero un derrame que rompe con la Ley de Gravedad.
