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El anuncio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de todas sus funciones al Ministerio de Salud generó un inmediato y contundente rechazo por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que denunció una maniobra para obstaculizar investigaciones, borrar pruebas de corrupción y profundizar el ajuste sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
A través de un duro comunicado difundido en la red social X, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión del Gobierno como “aberrante” y advirtió que se trata de un retroceso sin precedentes en materia de políticas públicas vinculadas a la discapacidad.
“ATE RECHAZA LA DECISIÓN ABERRANTE DE CERRAR LA ANDIS. INTENTAN OBSTACULIZAR LA INVESTIGACIÓN Y BORRAR PRUEBAS DE CORRUPCIÓN”, afirmó Aguiar.
Desde el sindicato sostienen que la absorción de la ANDIS por parte del Ministerio de Salud impide que el organismo pueda seguir cumpliendo los objetivos y funciones para los que fue creado, debilitando el diseño de políticas específicas y afectando de manera directa a las personas con discapacidad y sus familias.
Aguiar también apuntó directamente contra el ministro de Salud, Mario Lugones, cuestionando su idoneidad para garantizar un manejo transparente del área:
“¿Justo Mario Lugones va a garantizar un manejo transparente? Él, que carga sobre sus espaldas las muertes por el fentanilo contaminado. Además, como uno de los máximos exponentes de las corporaciones médicas privadas, ejecutó un recorte drástico en el sistema sanitario público”, sostuvo.
En ese marco, ATE denunció que el cierre de la ANDIS busca hacer desaparecer pruebas vinculadas al cobro de coimas y al desvío de fondos públicos, y advirtió que el llamado “equilibrio fiscal” no puede sostenerse a costa de negar prestaciones básicas a personas con discapacidad.
“El equilibrio fiscal no se puede lograr a cualquier costo, menos negándoles prestaciones básicas a los discapacitados”, remarcó el dirigente sindical.
Además, el gremio exigió que se respete la estabilidad laboral y las condiciones de empleo de todos los trabajadores del organismo, y no descartó la adopción de medidas de fuerza en los próximos días si el Gobierno avanza con la decisión sin garantizar derechos laborales ni continuidad de las políticas públicas.
“A mayor crueldad, tenemos que sembrar más esperanza”, concluyó Aguiar.
El cierre de la ANDIS se inscribe en una serie de reestructuraciones impulsadas por el Gobierno nacional bajo el argumento del ajuste del gasto público, pero vuelve a poner en el centro del debate el impacto social de las decisiones económicas y el desmantelamiento de áreas clave del Estado, especialmente aquellas destinadas a la protección de derechos.
