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El Ministerio de Economía formalizó su decisión de avanzar con la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión de la Argentina. La iniciativa encendió alertas en el sector energético, gremial y social, donde advierten sobre la posible pérdida de control estatal sobre una infraestructura considerada clave para el desarrollo y la soberanía nacional.
Transener opera la red troncal que interconecta el sistema eléctrico del país, garantizando el transporte de energía desde los centros de generación hacia los principales nodos de consumo. La empresa fue constituida a partir de activos estratégicos pertenecientes a las antiguas empresas estatales SEGBA, Agua y Energía Eléctrica e Hidronor, desmanteladas durante el proceso de privatizaciones de la década de 1990.
Rentabilidad y patrimonio en discusión
Especialistas del sector y el Colectivo de ex trabajadores de SEGBA cuestionaron el fundamento económico de la venta. Señalan que Transener es una empresa rentable, que genera ingresos directos para el Estado y para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), por lo que consideran que su privatización no responde a una necesidad financiera urgente sino a una decisión política.
Desde estos espacios advierten que desprenderse de un activo con capacidad de generar recursos sostenidos implicaría una pérdida de patrimonio público y limitaría la capacidad del Estado para intervenir en un área estratégica de la economía.
Una deuda histórica sin saldar
El anuncio también reavivó un conflicto de larga data. El Colectivo de ex trabajadores de SEGBA denunció que el Estado aún no cumplió con el Programa de Propiedad Participada (PPP), que establecía la entrega de acciones a los empleados como parte del proceso de privatización de los años noventa.
Según remarcan, avanzar en la venta de Transener sin haber saldado esa deuda constituye una vulneración de derechos adquiridos y profundiza una situación de injusticia que se arrastra desde hace más de tres décadas.
Control y soberanía energética
Otro de los puntos que genera mayor preocupación es la pérdida de control estatal sobre las decisiones estratégicas de la red eléctrica nacional. Distintos sectores advierten que la privatización podría condicionar futuras políticas energéticas, limitar la planificación de largo plazo y subordinar un servicio esencial a intereses privados.
En este contexto, voces gremiales y sociales ya califican la iniciativa como una “repetición de la estafa de los 90”, en referencia al impacto que tuvieron las privatizaciones de aquella década sobre el sistema energético y los trabajadores.
Mientras el Gobierno avanza con el proceso, se espera que en los próximos días se intensifiquen las expresiones de rechazo y las acciones de protesta, en un debate que vuelve a poner en el centro la discusión sobre el rol del Estado en áreas estratégicas y el modelo de desarrollo energético del país.
