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Por Gus Reimon
El presupuesto que Javier Milei envió al Congreso no es un plan de gobierno: es una planilla de Excel. Un esquema contable deshumanizado, pensado para cerrar números y no para gobernar un país real. En esa hoja de cálculo, el ajuste no es una consecuencia sino una decisión política: dejar afuera a la gran mayoría de la sociedad mientras se intenta borrar por la vía presupuestaria leyes que ya fueron sancionadas por el Parlamento.
Esa lógica chocó de frente en la madrugada de este jueves, cuando la oposición volteó el Capítulo XI del Presupuesto y le asestó un durísimo golpe al Presidente. Con 123 votos contra 117, la Cámara de Diputados rechazó el artículo 75, el corazón del intento oficial por derogar la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, dos normas que Milei ya había vetado y que el Congreso había ratificado con mayorías especiales.
La derrota fue total y sorpresiva. El oficialismo descontaba que los gobernadores terminarían acompañando el proyecto, luego de una distribución desinhibida de ATN a provincias aliadas. Pero el cálculo falló. El radical Diógenes González, alineado con Gustavo Valdés, y la neuquina Karina Maureira, que responde a Rolando Figueroa, se plegaron a la oposición. En tanto, Osvaldo Cipolini (Chaco) y Darío Schneider (Entre Ríos) optaron por la abstención.
A ese quiebre se sumaron los tres diputados de Raúl Jalil, dos de Osvaldo Jaldo, y un reparto ambiguo de respaldos y rechazos por parte de Innovación Federal, el bloque de Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua. El resultado fue letal para el plan de Milei: el Congreso enterró el intento de borrar derechos sociales con una maniobra contable.
El gobierno del “economista” y la derrota política
Martín Menem llevó los artículos más polémicos al recinto cerca de la 1:30 de la madrugada, confiado en una maniobra reglamentaria: votar el presupuesto capítulo por capítulo, y no artículo por artículo. El objetivo era blindar el 75, bajo amenaza directa de Milei de vetar todo el presupuesto si esa parte caía. No funcionó.
Entre los radicales del interbloque Unidos se jactaban de que el gobierno perdió por tercera vez en el año contra las universidades y las personas con discapacidad. Primero sancionaron las leyes, luego Milei las vetó, después el Congreso insistió con dos tercios en ambas cámaras, y finalmente Toto Caputo intentó colarlas por la ventana presupuestaria. Tampoco esta vez.
La lista de derrotas del gobierno libertario en el presupuesto es contundente:
No logró eliminar el subsidio por zona fría en el gas.
Fracasó el intento de licuar la movilidad de la AUH y las asignaciones familiares.
No pudo derogar la emergencia en discapacidad.
No consiguió eliminar la ley de financiamiento universitario.
Cayó la ofensiva contra el régimen de Pensiones No Contributivas.
Se frustró el negociado por 3.500 millones de dólares en reconocimiento “innominado” de deudas con grandes energéticas (Edenor, Edesur, Pampa, Central Puerto y otras).
No prosperó el esquema para eludir obligaciones con la Ciudad de Buenos Aires y el Poder Judicial, por lo que el Ejecutivo deberá cumplir con el Consejo de la Magistratura y enviar una ley específica para CABA.
En otras palabras: el Excel no pudo contra la política.
El acuerdo nocturno y el escándalo en la AGN
Derrotado en el recinto, Menem buscó un salvavidas desesperado. A las tres de la mañana, en medio de un escándalo y con medio recinto vacío, cerró un acuerdo con el kirchnerismo para repartir los cargos de la Auditoría General de la Nación (AGN). Una jugada que detonó la relación de La Libertad Avanza con el PRO, su principal sostén parlamentario hasta ahora.
Tal como se venía anticipando, Menem negoció con Germán Martínez y Máximo Kirchner para habilitar el tratamiento de los auditores y garantizarle un lugar al salteño Gustavo Sáenz. Así juraron en plena madrugada Rita Mónica Almada (LLA), Juan Ignacio Forlón (La Cámpora) y Pamela Caletti (Sáenz), mientras el PRO, la UCR, Provincias Unidas y la izquierda abandonaban el recinto.
La reacción fue inmediata. Cristian Ritondo y Miguel Pichetto se sintieron traicionados. “Nos cagaron”, resumió sin eufemismos un legislador del PRO, que denunció la inconstitucionalidad de la maniobra y anunció una presentación judicial, ya que la designación de auditores no figuraba en el temario de sesiones extraordinarias fijado por decreto presidencial.
Un presupuesto que excluye y una gobernabilidad en crisis
El episodio deja una conclusión clara: el gobierno de Milei intentó gobernar con una planilla de Excel, borrar derechos por la vía contable y disciplinar al Congreso con aprietes y billetera. Fracasó. Y en el intento, profundizó su aislamiento político y rompió puentes con aliados clave.
Un presupuesto no es un ejercicio de contabilidad creativa. Es la expresión concreta de un proyecto de país. Y cuando ese proyecto excluye a universidades, personas con discapacidad, jubilados, trabajadores y provincias, el Congreso no solo puede, sino que debe poner un límite.
Esta vez, lo hizo.
