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Por Gus Reimon.
Un informe oficial del Congreso de Estados Unidos encendió señales de alarma sobre la situación económica argentina y advirtió que el gobierno de Javier Milei podría verse obligado a elegir entre un nuevo default de la deuda o una fuerte devaluación del peso si se queda sin divisas.
El documento fue elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso (Congressional Research Service, CRS) —el organismo técnico que asesora a diputados y senadores estadounidenses— y lleva por título “U.S. Financial Support to Argentina”. El análisis, publicado el 30 de diciembre, examina en detalle la asistencia financiera brindada por la administración Trump a la Argentina y está dirigido a legisladores e integrantes de comisiones clave del Capitolio.
Según el informe, el principal obstáculo de la política económica argentina es la limitada disponibilidad de divisas y la escasa capacidad para generarlas, en un contexto de economía paralizada, caída de la actividad industrial y ausencia de ingresos genuinos en moneda extranjera.
“Argentina no cuenta con un superávit comercial sólido que genere ingresos significativos de divisas”, subraya el CRS.
El swap como salvavidas crítico
El documento señala que la principal fuente de divisas del país es el saldo remanente del swap de monedas con Estados Unidos, y aclara que este instrumento fue implementado en un contexto de fuerte presión sobre el valor del peso y de creciente oposición política en el Congreso argentino.
El CRS advierte que los activos en moneda extranjera del Banco Central están en gran medida compensados por pasivos en moneda extranjera, lo que deja a la autoridad monetaria con un margen extremadamente limitado para afrontar compromisos externos.
“La principal fuente de divisas de Argentina es el saldo remanente de su línea de swap de monedas con Estados Unidos”, sostiene el informe.
Default o devaluación, sin plan alternativo
El diagnóstico del Congreso estadounidense es categórico. Con el peso cerca del techo de la banda cambiaria y con pagos de deuda en aumento durante los próximos tres años, el gobierno argentino podría enfrentar severos obstáculos para profundizar su programa de reformas.
“Si el Gobierno queda sin fondos suficientes para afrontar los pagos de deuda y sostener los objetivos de su política cambiaria, probablemente enfrente decisiones difíciles, como incurrir en un default por décima vez o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso”, advierte el CRS.
El informe remarca que Argentina entra en 2026 con vencimientos de deuda superiores a los 20.000 millones de dólares, en un escenario que ya es calificado como crítico e incluso terminal, incluso desde Estados Unidos.
FMI y apoyo externo, bajo duda
El CRS también analiza las posibilidades de auxilio externo y señala que el presidente Javier Milei podría buscar apoyo adicional de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional (FMI) u otros organismos multilaterales. Sin embargo, advierte que las perspectivas de obtener ese respaldo no son claras.
“Existen dudas sobre la disposición del FMI a ampliar la asistencia, considerando su alta exposición a la Argentina en comparación con otros países miembros”, indica el informe, recordando que el país ya incumplió metas y recibió perdones excepcionales.
Asimismo, el documento agrega un dato político clave para Washington:
“También existen dudas sobre la importancia de Argentina como socio comercial para EE.UU., ya que sus crisis previas no han tenido efectos de contagio significativos para la economía estadounidense ni global”.
El rol del Congreso de EE.UU.
Finalmente, el CRS destaca que cualquier renovación, ampliación o modificación del swap queda sujeta al control político del Congreso de Estados Unidos, que puede aprobar, rechazar o limitar su alcance, lo que añade un factor adicional de incertidumbre para la estrategia financiera del gobierno argentino.
El informe deja un mensaje contundente: sin dólares propios, sin reservas netas y con el respaldo externo condicionado, la Argentina enfrenta un escenario de extrema fragilidad financiera que obligará al Ejecutivo a tomar decisiones de alto costo político, social y económico.
