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El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, que preside el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, envió el último viernes una carta al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y a los titulares de los distintos bloques parlamentarios para expresar su “profunda preocupación” por las consecuencias que podría generar la aprobación del proyecto de reforma laboral actualmente en debate sobre el ejercicio profesional del derecho.
La entidad sostuvo que la iniciativa «debe analizarse a la luz de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de protección del trabajo. En ese marco, recordó «la situación de asimetría estructural que caracteriza a la relación laboral dependiente entre trabajadores y empleadores, y advirtió que cualquier actualización normativa no puede exceder los límites constitucionales ni debilitar los estándares de tutela vigentes».
Uno de los ejes centrales de la crítica se concentra en las modificaciones vinculadas a los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. Según el Colegio, el proyecto prevé sanciones que podrían alcanzar a los abogados que patrocinan a trabajadores en caso de que, en un reclamo judicial, se considere que hubo una sobreestimación de los créditos reclamados. Para la institución, «esta previsión introduce un riesgo patrimonial directo para los profesionales y configura un trato discriminatorio hacia los abogados laboralistas, al colocarlos en una situación de conflicto entre la defensa técnica de su cliente y su propia responsabilidad económica».
Además, la entidad cuestionó la posibilidad de habilitar el pago en cuotas de sentencias condenatorias, incluyendo los honorarios profesionales, que -recordó- tienen carácter alimentario. A su entender, «esa modalidad no solo afectaría el derecho del trabajador a percibir en tiempo oportuno lo que la Justicia le reconoce, sino que también impactaría en el ejercicio profesional, al desalentar la práctica del derecho laboral».
El presidente del Colegio, Ricardo Gil Lavedra, solicitó a los diputados y diputadas nacionales que “consideren especialmente las graves implicancias que estas reformas tendrían sobre el ejercicio de la abogacía y el rol que desempeñamos para asegurar la plena vigencia y goce de los derechos y garantías establecidas por nuestra Constitución y los instrumentos internacionales celebrados y ratificados por nuestro país para preservar el Estado de Derecho y la paz social”.
