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Por Gus Reimon.
La reciente pérdida de la licitación para la provisión de caños del gasoducto de Vaca Muerta por parte del grupo Techint abrió un conflicto que va mucho más allá de una obra pública. La adjudicación quedó en manos de la empresa india Welspun, que presentó una oferta cercana a los 200 millones de dólares, aproximadamente un 40% inferior a la del conglomerado argentino que históricamente fue protagonista —y beneficiario— de este tipo de procesos.
Tras conocerse el resultado, Techint dejó trascender que evalúa solicitar una investigación por dumping. El planteo reavivó un debate estructural de la economía argentina: hasta dónde llega el libre mercado, cuándo corresponde defender la industria nacional y qué rol debe asumir el Estado cuando los perdedores ya no son pymes sino gigantes del poder económico.
Qué es el dumping y por qué no se prueba solo con precios bajos
El dumping es una práctica reconocida en el comercio internacional y ocurre cuando una empresa exporta bienes a precios inferiores a los considerados normales, ya sea por debajo del valor en su mercado de origen o incluso por debajo de sus costos de producción.
Especialistas advierten que un precio bajo, por sí solo, no constituye dumping. Para que sea reconocido como tal, se requiere una investigación administrativa formal que compare precios, estructuras de costos y condiciones de venta, y que además demuestre un daño concreto a la producción local y una relación causal directa. Es un proceso largo, técnico y sin efectos automáticos sobre una obra ya adjudicada.
El Estado que no debía intervenir… hasta que perdió Techint
En caso de comprobarse dumping, los Estados pueden aplicar medidas antidumping, como aranceles u otras restricciones, herramientas contempladas en los acuerdos internacionales. La paradoja es evidente: los mismos mecanismos que durante años fueron demonizados como “intervencionismo” hoy vuelven a escena cuando afectan a un actor central del poder empresario argentino.
El Gobierno nacional defendió la adjudicación argumentando que elegir una oferta más cara habría encarecido el proyecto y perjudicado las inversiones. El presidente Javier Milei sostuvo una posición coherente con su ideario: competencia, apertura y rechazo a la protección estatal.
Sin embargo, el conflicto adquiere una dimensión política incómoda si se observa el posicionamiento previo de Techint. Su principal referente, Paolo Rocca, fue uno de los empresarios que respaldó públicamente el rumbo económico del actual Gobierno. En octubre de 2024, durante la cumbre Alacero Summit, afirmó:
“Muchos de los elementos que han frenado y afectado nuestra economía hoy están siendo atacados en la agenda del nuevo gobierno del presidente Milei”.
Hoy, ese mismo conglomerado analiza recurrir al Estado para que lo proteja de la competencia extranjera.
Milei, Techint y una pelea que desnuda algo más profundo
Lejos de limitarse a explicar los criterios de adjudicación o garantizar la transparencia del proceso licitatorio, el conflicto derivó en otro episodio grave: el ataque presidencial a la prensa.
Tras una nota del diario La Nación que informaba sobre la licitación y el malestar de Techint, Milei insultó públicamente a la periodista Sofía Diamante desde su cuenta en X, acusándola de “operar” en favor del grupo empresario:
“DESENMASCARANDO OPERADORES.
Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos CAROS… VLLC!”, escribió el Presidente.
El episodio generó repudio en ámbitos periodísticos y volvió a poner en debate el uso del poder presidencial para hostigar a periodistas, una práctica cada vez más recurrente en la gestión Milei.
La pregunta que queda abierta
La licitación de Vaca Muerta expuso algo más que una disputa comercial. Dejó al descubierto una pelea entre el Gobierno y uno de los grupos económicos que durante años fue favorecido por procesos licitatorios, regulaciones y vínculos con el poder político.
La pregunta de fondo no es menor:
¿Estamos ante una verdadera defensa del interés nacional?
¿Es una lucha real contra privilegios históricos?
¿O se trata simplemente de una interna entre gerentes de distintos intereses extranjeros, donde el país vuelve a quedar en segundo plano?
Mientras Milei se pelea con Techint y Techint pide al Estado lo que antes criticaba, la transparencia de los procesos, la soberanía económica y la libertad de prensa quedan atrapadas en una disputa de poder que excede largamente una licitación.
