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Por Gus Reimon.
El sistema de transporte automotor del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vuelve a quedar bajo la lupa. En el centro de las denuncias aparece el Grupo DOTA, la empresa de colectivos más grande del país, señalada por haber falsificado consumos de gasoil con el objetivo de inflar su coeficiente de costos y acceder a subsidios estatales valuados en más de USD 30 millones entre 2022 y 2024.
DOTA es el principal jugador del sistema: controla una flota superior a las 4.000 unidades, lo que representa aproximadamente el 23% del mercado del AMBA. Según estimaciones del sector, ese volumen equivale a una caja anual cercana a los USD 550 millones, una cifra que explica el enorme peso político y económico de la empresa dentro del esquema de subsidios.
El poder del Grupo DOTA
El holding está liderado por José Faija, con una participación accionaria del 7,57%, acompañado por un pool de al menos una docena de familias que actúan como accionistas minoritarios. Este entramado societario convirtió a DOTA en el actor dominante del transporte urbano, con una capacidad de incidencia directa sobre tarifas, subsidios y regulaciones.
En contraste, el Grupo Metropol, perteneciente a los hermanos Zbikoski, aparece como el segundo jugador relevante. Con un share cercano al 10%, Metropol anunció recientemente una inversión de USD 45 millones para renovar 150 unidades, en un mercado donde los ingresos mensuales del grupo rondarían los USD 20 millones.
Subsidios, costos reales y tensión sindical
De acuerdo con fuentes del sector, el costo real del boleto rondaría actualmente los $1.700, una cifra muy superior a la que surge de los cálculos oficiales utilizados para definir subsidios. Esta brecha alimenta tensiones crecientes y no se descarta que derive en medidas de fuerza, en un sistema que depende cada vez más de transferencias estatales para sostenerse.
El esquema de subsidios se volvió aún más sensible en un contexto de caída sostenida de pasajeros. Lejos del pico alcanzado en 2015, cuando el sistema superó los 3.440 millones de viajes anuales, en 2024 se registraron 2.748 millones de pasajeros pagos, dentro de la segunda red de colectivos más grande del mundo.
Un negocio multimillonario con controles débiles
A razón de $1.092 por pasajero (suma de boleto más subsidio), solo en 2025 el sistema de colectivos del AMBA representó un mercado cercano a los USD 2.400 millones. En ese contexto, cualquier alteración en los coeficientes de costos —como el presunto inflado del consumo de gasoil— tiene un impacto directo y multimillonario sobre el reparto de fondos públicos.
Las denuncias contra DOTA exponen no solo la conducta de una empresa, sino las fallas estructurales del esquema de subsidios, donde la falta de controles efectivos permite que los actores dominantes maximicen beneficios a costa del Estado y de los usuarios.
Para Agencia de Guardia, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central: quién controla realmente el negocio del transporte público y cómo se auditan los miles de millones que cada año se destinan a sostenerlo.
