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Por Gus Reimon.
Un grupo de diputados nacionales presentó una acción de amparo con pedido de medida cautelar urgente para que la Justicia suspenda la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, mediante el cual el Gobierno modificó la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. La demanda advierte que la norma es inconstitucional, vulnera garantías básicas y abre la puerta a prácticas propias de un Estado policial.
La presentación fue realizada por Mónica Edith Frade, Maximiliano Carlos Francisco Ferraro y Esteban Paulón, quienes acudieron a la Justicia en su carácter de legisladores nacionales, con el patrocinio letrado del abogado Fabián G. Grande. El amparo se dirige contra el Estado Nacional – Poder Ejecutivo, y solicita la nulidad absoluta del decreto firmado el 31 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026.
Los puntos centrales del reclamo
En el escrito judicial, los diputados solicitan:
Que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del DNU 941/2025.
Que se suspenda de manera inmediata su aplicación mediante una medida cautelar.
Que se invaliden también todas las normas o actos derivados del decreto.
El eje del planteo es que el Poder Ejecutivo violó el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que regula el uso excepcional de los DNU. Según los legisladores, el Gobierno no invocó razones reales de necesidad y urgencia, y además avanzó sobre materias expresamente vedadas, como las de carácter penal y procesal penal.
Inteligencia, detenciones y derechos humanos
Uno de los puntos más sensibles señalados en la demanda es que el decreto habilita facultades que podrían permitir aprehensiones o restricciones de derechos por parte del personal de inteligencia, algo que la Constitución prohíbe de forma explícita.
El escrito también denuncia la violación del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, al considerar que el DNU habilita prácticas incompatibles con un sistema democrático y de división de poderes.
“La disposición cuestionada no cumple con los presupuestos constitucionales para el dictado de un DNU y habilita mecanismos propios de un esquema de control social y persecución”, advierten los diputados en la presentación.
Reserva del caso federal
Ante un eventual rechazo judicial, los legisladores dejaron planteada la reserva del caso federal, anticipando que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que están en juego principios constitucionales básicos y tratados internacionales incorporados al bloque de constitucionalidad.
Un nuevo frente judicial para el Gobierno
La judicialización del DNU 941/2025 abre un nuevo frente de conflicto institucional para el Gobierno, en un contexto de fuerte tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. El reclamo vuelve a poner en debate el uso de decretos para reformar áreas sensibles del Estado y el límite entre seguridad, inteligencia y derechos fundamentales.
Desde la oposición advierten que, de no frenarse judicialmente, el decreto podría sentar un precedente peligroso y consolidar un modelo de poder concentrado, con escaso control democrático.
