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Contrato en las sombras: las inconsistencias del vínculo entre Milei y Hayden Davis
Por Gus Reimon.
Una revelación publicada en la tapa del diario Clarín vuelve a encender alarmas en torno al funcionamiento del poder en el gobierno de Javier Milei. Una investigación firmada por Mariano Vidal expone la posible existencia de un contrato confidencial entre el presidente de la Nación y el empresario Hayden Davis, firmado el 30 de enero, en circunstancias que chocan de frente con la versión oficial sostenida hasta ahora por la Casa Rosada.
El dato no es menor. De confirmarse, el acuerdo desmontaría la narrativa que el propio Gobierno sostuvo ante el Congreso y abriría interrogantes institucionales, legales y políticos de alto voltaje.
*La reunión previa y los actores presentes*
Según la información publicada, el contrato habría sido firmado un rato antes del tuit en el que Milei presentó públicamente a Hayden Davis como su asesor en “aplicaciones de tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país”. En ese encuentro habrían estado presentes Terrones Godoy y Novelli, y la reunión habría sido organizada precisamente por Novelli, una figura que empieza a aparecer reiteradamente como articulador en la trastienda del poder libertario.
El timing es clave: la firma del presunto contrato se habría producido 15 días antes del tuit vinculado a $LIBRA, lo que permite reconstruir una secuencia previa de decisiones y relaciones que hasta ahora no habían sido transparentadas.
*Un contrato con el Estado… pero negado*
De acuerdo con la investigación, el contrato habría sido con el Estado argentino, presentando a Hayden Davis como asesor ad honorem. Sin embargo, esta versión colisiona directamente con lo afirmado por el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien ante una consulta en el Congreso aseguró que:
– No existía ningún contrato firmado con el Estado argentino.
– El presidente Milei no había consultado ni informado a nadie sobre ningún acuerdo de este tipo.
La contradicción es evidente y coloca al Ejecutivo en una situación incómoda: o el Congreso fue desinformado, o el contrato existe y fue deliberadamente ocultado.
*Confidencialidad extrema y movimientos de dinero*
Otro elemento que refuerza las sospechas es que Hayden Davis habría firmado una cláusula de confidencialidad estricta, que le impide revelar detalles del acuerdo. Esa confidencialidad contrasta con la supuesta condición de asesor “ad honorem” y con la posterior operatoria financiera.
Según los datos conocidos, 42 minutos después del tuit presidencial, Hayden Davis transfirió 500.000 dólares más un 1,5% a una billetera sin identificar. El movimiento se produjo horas después de la presunta firma del contrato, lo que plantea interrogantes inevitables sobre el origen, el destino y la finalidad de esos fondos.
*El contenido del asesoramiento*
El documento —según lo reconstruido— incluiría un compromiso de Davis expresado en términos grandilocuentes: “Mi compromiso radica en brindar un acompañamiento profesional, alineado con las tendencias globales de descentralización y modernización tecnológica, asegurando la máxima calidad y confidencialidad en cada etapa del asesoramiento”.
Entre los puntos del asesoramiento figurarían:
1. Automatización mediante contratos inteligentes, para procesos administrativos y contractuales del Estado.
2. Digitalización de documentos públicos, incluyendo títulos de propiedad y certificados oficiales mediante blockchain.
3. Desarrollo de ecosistemas de innovación digital, con foco en startups de blockchain e inteligencia artificial.
4. Educación y capacitación de funcionarios públicos en estas tecnologías.
Un programa ambicioso, estratégico y sensible, que en cualquier democracia debería pasar por controles institucionales, licitaciones, dictámenes legales y supervisión parlamentaria.
*Las preguntas que el Gobierno no responde*
La posible existencia de este contrato no solo cierra con la narrativa posterior de Hayden Davis, sino que expone un patrón preocupante: decisiones de alto impacto tomadas por fuera de los canales formales, negadas públicamente y blindadas por cláusulas de confidencialidad.
Las preguntas se acumulan:
– ¿Mintió el jefe de Gabinete ante el Congreso?
– ¿Firmó Milei un contrato con el Estado sin respaldo administrativo?
– ¿Por qué un asesor “ad honorem” mueve sumas millonarias horas después de ser presentado oficialmente?
– ¿Quién controla, supervisa o audita este tipo de acuerdos?
En un gobierno que hizo de la “casta” y de la transparencia discursiva su bandera, el caso Hayden Davis amenaza con convertirse en un escándalo institucional de primera magnitud. No por la tecnología en sí, sino por el modo en que el poder parece ejercerse: a puertas cerradas, con contratos invisibles y con un Congreso al que se le dice una cosa mientras la realidad podría ser otra.
La investigación hace tiempo empezó. Las explicaciones, por ahora, brillan por su ausencia. Y la Justicia argentina duerme.
