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Por Gus Reimon.
La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme una nueva condena a prisión perpetua contra Jaime Lamont Smart, uno de los principales responsables civiles del terrorismo de Estado en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar. Smart, exministro de Gobierno de la dictadura de Ramón Camps, suma así otra sentencia por crímenes de lesa humanidad, mientras la Corte Suprema mantiene cajoneadas todas sus causas, permitiéndole batir un récord de impunidad judicial.
En esta oportunidad, la condena es por el secuestro, tortura y asesinato de Horacio “Chupete” Benavides, militante político y compañero de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner durante los años de militancia universitaria. Benavides fue una de las tantas víctimas del aparato represivo que actuó con planificación estatal, persecución política y eliminación física de opositores.
La sentencia ratificada por Casación vuelve a dejar en evidencia el rol central de los civiles en el terrorismo de Estado. Smart no fue un mero funcionario administrativo: fue una pieza clave en el engranaje represivo, responsable de brindar cobertura política, legal y operativa a los centros clandestinos de detención, secuestros y asesinatos que funcionaron bajo la órbita de la Policía bonaerense.
Sin embargo, pese a acumular múltiples condenas a prisión perpetua, Smart continúa siendo un símbolo de la impunidad estructural que persiste en el Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación mantiene frenadas las causas en su contra, en una actitud que organismos de derechos humanos denuncian como una protección de facto a los represores civiles.
El caso Benavides no es solo una causa judicial: es parte de una historia que el poder intenta borrar. La confirmación de esta condena reafirma que los crímenes del terrorismo de Estado no prescriben, aunque también expone que la justicia llega tarde y de manera fragmentada cuando se trata de juzgar a quienes integraron las élites civiles de la dictadura.
Mientras la Casación ratifica sentencias, la Corte Suprema sigue en silencio. Y ese silencio también es político.
