AGENCIA DE GUARDIA SITIO OFICIAL!
Por Gus Reimon.
Preocupación por el avance autoritario, la persecución política y el vaciamiento del control parlamentario
Mientras gran parte del país celebraba el Año Nuevo, el gobierno de Javier Milei avanzó, en silencio y por decreto, en una profunda reformulación del sistema de inteligencia argentino. A través del DNU 941/2025, aún no publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo modifica la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, centraliza el sistema bajo la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y amplía de manera alarmante sus facultades operativas.
La norma, firmada por el Presidente y su gabinete, designa a todas las actividades de inteligencia como “encubiertas”, bajo el argumento de “minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”, una formulación ambigua que abre la puerta a prácticas opacas y sin control efectivo.
Entre los puntos más sensibles, el decreto habilita a la SIDE a solicitar asistencia técnica y logística de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, sin precisar límites, cantidad de efectivos ni temporalidad, ampliando peligrosamente su capacidad de intervención en asuntos internos.
Un sistema concentrado y sin contrapesos
El DNU 941/25 reconvierte la Agencia de Seguridad Nacional en la nueva Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) y transforma la Agencia Federal de Ciberseguridad en la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), que tendrá a su cargo la producción de inteligencia en el ciberespacio y el espectro radioeléctrico. Además, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), encargado de proteger infraestructuras críticas y coordinar políticas de seguridad digital.
Todo este entramado queda bajo la órbita y coordinación directa de la SIDE, que además pasa a concentrar el control presupuestario del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), rompiendo los equilibrios internos y debilitando la autonomía de otros organismos.
La dura advertencia de Agustín Rossi
Uno de los cuestionamientos más contundentes provino del diputado nacional Agustín Rossi, quien tras analizar las 19 páginas del decreto fue categórico:
“Nada bueno sale de ahí para los ciudadanos argentinos. Peor aún: es gravísimo”.
Rossi advirtió que el DNU:
Convierte a los agentes de inteligencia en una virtual “policía secreta”, habilitándolos a aprehender personas sin orden judicial.
Declara todas las actividades de inteligencia como encubiertas, sin definir con precisión su alcance.
Permite que la SIDE disponga de personal militar y de fuerzas de seguridad para tareas de inteligencia.
Concentra el control presupuestario del sistema en la SIDE, subordinando incluso a áreas como la inteligencia del Ejército.
Exceptúa a la nueva Agencia Nacional de Contrainteligencia de límites claros respecto de tareas represivas, lo que encendió una alerta directa para periodistas.
Además, el decreto elimina la Dirección de Inteligencia Militar (DNIEM) y la reemplaza por un organismo dependiente del Estado Mayor Conjunto, dejando al Ministerio de Defensa sin inteligencia propia, un paso más hacia la militarización de la defensa.
“Este DNU fortalece la idea de un Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías”, concluyó Rossi, y reclamó que el Congreso lo rechace de plano.
Bodart: “Un peligroso avance autoritario”
En la misma línea, el secretario general del MST, Alejandro Bodart, denunció un “peligroso avance autoritario” y alertó sobre la reinstalación del espionaje político:
“El decreto considera ‘riesgos’ a activistas, periodistas y opositores, habilitando el uso de recursos estatales para vigilar y perseguir la disidencia”.
Bodart también cuestionó la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad como un mecanismo de centralización de la vigilancia digital, que amplía la recolección de datos sobre la población y reduce los márgenes de control y rendición de cuentas.
Ferraro: “Una Gestapo para todos y todas”
Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro fue aún más duro. Afirmó que si un decreto de este calibre hubiera sido firmado por el kirchnerismo, “estaríamos ante un escándalo institucional histórico”, y se preguntó si los “republicanos intermitentes” elegirán ahora el silencio.
Ferraro advirtió que el alcance del DNU es mucho más amplio de lo que aparenta: involucra a todo el Sector Público Nacional, desde ministerios hasta universidades, organismos científicos, hospitales, ANSES, PAMI, Banco Nación y empresas estatales, cuyos titulares quedan obligados a aplicar medidas de contrainteligencia definidas por el Presidente.
“Se habilita una lógica perversa de control, secretismo y verticalidad en ámbitos que deben regirse por la autonomía, la libertad académica, la publicidad de los actos de gobierno y el control parlamentario”.
Un Congreso relegado y derechos en riesgo
El denominador común de todas las críticas es claro: el Gobierno avanza por Decreto de Necesidad y Urgencia sobre un área extremadamente sensible, sin debate parlamentario, sin consensos democráticos y sin garantías claras para la ciudadanía.
La reforma del sistema de inteligencia, lejos de fortalecer la democracia, reactiva los peores fantasmas del espionaje interno, la persecución a quien piensa distinto y la concentración de poder en manos del Ejecutivo.
La pregunta que queda abierta es institucional y urgente:
¿permitirá el Congreso este avance o ejercerá su rol constitucional para frenar un DNU que pone en riesgo derechos, libertades y la democracia misma?
