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por Picus Hernán.
por Picus Hernán.Denuncian fraude masivo en habilitaciones comerciales de CABA
Una denuncia penal en la Ciudad de Buenos Aires advierte sobre un presunto fraude a gran escala en el sistema de habilitaciones comerciales. La causa, que tramita en la fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 15, investiga miles de locales que habrían sido habilitados de forma irregular mediante el uso indebido de datos profesionales y fallas en los controles digitales.
El arquitecto Enrique Ángel Arbeleche, quien se presentó como querellante, denunció que terceros usaron su identidad sin autorización para tramitar habilitaciones a través de plataformas oficiales. Según el escrito, se presentó documentación técnica y administrativa que simulaba su intervención. Los hechos fueron encuadrados en posibles delitos de falsificación de instrumento público, inserción ilegítima de datos en sistemas informáticos y usurpación de título profesional.
La maniobra no sería aislada. La denuncia menciona más de 4 mil trámites con características similares y datos aportados a la prensa elevan la cifra a unos 8 mil locales, muchos del rubro gastronómico. Esto implica riesgos directos en materia de higiene, salubridad y seguridad, al tratarse de comercios que podrían operar sin verificaciones técnicas reales.
La investigación sumó un elemento grave: en una declaración con perito informático se habría constatado la desaparición de registros digitales vinculados a habilitaciones bajo análisis. La hipótesis es que no solo hubo uso fraudulento del sistema, sino también posible alteración o supresión de información clave para borrar la trazabilidad de los trámites.
Antes de judicializar el caso, el abogado Jorge Omar Genaisir pidió reuniones con la Agencia Gubernamental de Control. Advirtió sobre “delitos penales de acción pública” y una posible “red de corrupción o manipulación individual demasiado eficaz”. Solicitó audiencias con el ex titular Matías Lanusse y con el actual responsable, José Manuel Ramos, sin obtener respuesta.
De confirmarse, el caso expone un fraude administrativo de gran escala con impacto en la seguridad pública. El expediente pone en el centro a la Agencia Gubernamental de Control y a la integridad de los sistemas digitales que autorizan actividades comerciales en la capital.
