AGENCIA DE GUARDIA SITIO OFICIAL!
Por Gus Reimon.
La Fiscalía de la ciudad de Esquel anunció la apertura de una investigación formal para determinar la posible responsabilidad penal de funcionarios del Gobierno nacional en relación con los devastadores incendios que afectan a amplias zonas de la Patagonia.
Según confirmaron fuentes judiciales, existen elementos suficientes para sospechar una participación por acción u omisión de áreas clave del Estado nacional, lo que abre la puerta a una investigación de alto impacto político e institucional que alcanza de lleno a la administración del presidente Javier Milei.
Los fiscales buscan establecer si hubo abandono deliberado de funciones, desfinanciamiento consciente de los organismos de prevención y combate del fuego, o decisiones políticas que hayan contribuido directa o indirectamente a la propagación de los incendios que ya arrasaron miles de hectáreas, viviendas, fauna nativa y comunidades enteras.
Desde el Ministerio Público fueron claros: la investigación debe alcanzar a todos los niveles de responsabilidad, sin excepciones. La gravedad de los hechos obliga a indagar a funcionarios, áreas técnicas, responsables políticos y autoridades que tenían la obligación legal de actuar y no lo hicieron.
En el ámbito judicial no descartan que los incendios estén vinculados a intereses económicos, especulación inmobiliaria o proyectos extractivos, un escenario que, de confirmarse, configuraría delitos de extrema gravedad contra el patrimonio ambiental y la soberanía territorial del país.
“Esta criminalidad no puede quedar impune”, sostienen desde sectores judiciales y sociales que siguen de cerca el avance de la causa. La Patagonia no es tierra de descarte ni botín de negocios: es territorio argentino y su destrucción deliberada constituye un atentado contra el interés público.
Mientras el Gobierno nacional guarda silencio o minimiza la catástrofe, la Justicia avanza. La causa abierta en Esquel podría convertirse en un precedente histórico si se comprueba que el Estado nacional facilitó, toleró o dejó avanzar el fuego en un contexto de ajuste extremo y retiro del Estado.
La advertencia es clara: no van a vender el país a agentes extranjeros ni a intereses concentrados, y quienes hayan sido responsables deberán responder ante la ley.
La Patagonia arde, pero también se encienden las alarmas judiciales. No van a pasar.
