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Por Agencia de Guardia.
La decisión del presidente Javier Milei de establecer arancel cero para la importación de teléfonos celulares encendió alarmas en Tierra del Fuego, donde advierten que la medida podría dejar en la calle a entre 2.000 y 2.500 trabajadores de la industria electrónica, columna vertebral de la economía provincial.
El impacto surge a partir del decreto 333, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que elimina la protección arancelaria para un sector clave del régimen industrial fueguino. Desde la provincia aseguran que la medida tiene un efecto directo y concreto sobre el empleo y la estructura productiva local.
Según datos oficiales correspondientes a noviembre pasado, la industria fueguina emplea 7.569 trabajadores directos, de los cuales el 83% pertenece al sector electrónico, precisamente el más expuesto a la apertura de importaciones. Dentro de ese universo, las líneas de producción de celulares concentran el mayor nivel de vulnerabilidad frente a la competencia externa.
Fuentes del sector industrial y sindical estiman que entre 2.000 y 2.500 empleos directos vinculados a la fabricación de teléfonos móviles podrían verse afectados de manera inmediata si las empresas reducen o paralizan su actividad ante la pérdida de competitividad.
Pero el golpe no se limita al empleo directo. En Tierra del Fuego advierten que el efecto será multiplicador y regresivo sobre toda la economía provincial. Por cada puesto industrial que se pierde, también se resiente el empleo indirecto, que abarca desde el comercio minorista y mayorista hasta el transporte privado, los servicios logísticos, de mantenimiento y la gastronomía.
“El impacto no es solo fabril: es social, territorial y estructural”, señalan desde la provincia, donde recuerdan que el régimen industrial fueguino no solo sostiene empleo, sino que garantiza población, consumo interno y actividad económica en una región estratégica del país.
Mientras el Gobierno nacional defiende la apertura como un mecanismo para bajar precios al consumidor, en el extremo sur del país crece la preocupación por lo que consideran una decisión que prioriza el mercado importador a costa del trabajo argentino, sin un plan de transición ni políticas compensatorias.
La eliminación del arancel reabre así un debate histórico: desarrollo industrial versus liberalización comercial, con miles de familias fueguinas en el centro de la discusión
