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Mientras Brasil avanza hacia el menor nivel de pobreza de su historia, la Argentina atraviesa uno de los peores retrocesos sociales desde el retorno de la democracia, con indicadores que exponen el impacto del ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Según datos oficiales y proyecciones recientes, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva está “a un paso” de alcanzar una tasa de pobreza del 4,4%, el nivel más bajo jamás registrado en el país vecino. Además, Brasil cerraría 2025 con menos del 1% de su población en situación de inseguridad alimentaria, un dato que marca un giro contundente respecto de los años de crisis social y desfinanciamiento de políticas públicas.
El resultado es atribuido a una combinación de crecimiento económico, fortalecimiento del empleo, recomposición del salario real y una fuerte inversión estatal en programas sociales, con eje en la seguridad alimentaria, la inclusión y la reducción de desigualdades estructurales.
El contraste con la Argentina es brutal.
De acuerdo con diversos relevamientos sociales, dos de cada tres argentinos han pasado a vivir en situación de pobreza durante el primer año del gobierno de Milei, en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo, la destrucción del empleo, el aumento de tarifas y la paralización de políticas de contención social.
Un estudio reciente de la Universidad Católica Argentina (UCA) advierte que el país enfrenta un 67% de pobreza multidimensional, un indicador que no solo mide ingresos, sino también acceso a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda y condiciones de vida dignas. Se trata de un nivel alarmante que refleja un deterioro profundo del tejido social.
Mientras en Brasil el Estado recupera su rol como herramienta de inclusión y justicia social, en la Argentina el ajuste fiscal se aplica con una velocidad inédita, trasladando el costo de la crisis a los sectores más vulnerables.
La comparación regional vuelve a poner en debate dos modelos de país: uno que apuesta a reducir la pobreza como política de Estado, y otro que sostiene el “equilibrio fiscal” aun cuando los indicadores sociales muestran una emergencia humanitaria en expansión.
En un continente marcado por profundas desigualdades, los números no dejan lugar a dudas: las decisiones políticas importan, y sus consecuencias se miden en la vida cotidiana de millones de personas.
