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Por Agencia de Guardia.
Tras masivas movilizaciones en defensa del agua realizadas en distintos puntos de Mendoza, organizaciones ambientales, comunidades locales y referentes académicos acudieron a la Justicia provincial para frenar el proyecto minero PSJ–Cobre Mendocino, que pretende desarrollarse en el cerro San Jorge, en la localidad de Uspallata.
El eje central del reclamo es el riesgo ambiental e hídrico que implicaría la iniciativa, en una provincia marcada por la escasez de agua y la fragilidad de sus ecosistemas.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó un recurso de amparo en el que sostiene que la aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental constituye “una amenaza ambiental cierta, actual y jurídicamente relevante” para el agua y los ecosistemas de la región. La acción judicial fue impulsada junto a la Asociación Civil El Suri de Uspallata, vecinos autoconvocados de distintos departamentos y especialistas de universidades públicas.
El amparo solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 9.684, sancionada el pasado 9 de diciembre por la Legislatura de Mendoza, al considerar que vulnera el derecho colectivo a un ambiente sano, protegido por el artículo 41 de la Constitución Nacional. Según el escrito, la norma habilita un proyecto extractivo sin contar con estudios ambientales completos y confiables.
*Riesgos hídricos y falencias técnicas*
Entre los riesgos concretos señalados, las organizaciones advierten sobre el potencial drenaje ácido de roca, la contaminación de acuíferos y el impacto directo sobre la Ciénaga de Yalguaraz, el arroyo El Tigre, el río Uspallata y el río Mendoza, cursos de agua estratégicos para el consumo humano, la producción agrícola y la biodiversidad.
Además, denuncian que el estudio de impacto ambiental aprobado presenta omisiones informativas, inconsistencias técnicas y evaluaciones diferidas a etapas futuras, lo que, aseguran, viola los estándares mínimos de prevención ambiental y participación ciudadana.
Al reclamo de la FARN se sumaron otros amparos impulsados por la Comunidad Huarpe Guaytamari, la Fundación Cullunche y diversas organizaciones de derechos humanos y ambientales. Todas coinciden en advertir sobre el daño irreversible que el emprendimiento podría generar en un frágil ecosistema húmedo de montaña, sin garantías suficientes para su preservación.
*Debate legal y principio precautorio*
Mientras el Gobierno provincial sostiene que el proyecto no infringe la Ley 7.722, argumentando que utilizará sustancias como metil isobutil carbinol, xantatos, poliacrilamida y óxido de calcio, los demandantes incorporaron dictámenes técnicos de la UNCuyo, el Departamento General de Irrigación y el IADIZA, que ponen en duda la seguridad ambiental de la iniciativa.
En ese marco, solicitaron una medida cautelar para suspender el proyecto hasta que se despejen todas las dudas técnicas y ambientales, invocando el principio precautorio, que establece que ante la incertidumbre científica debe priorizarse la protección del agua y la naturaleza por sobre los intereses económicos.
El conflicto vuelve a poner en el centro del debate el modelo extractivo y el rol del Estado en la defensa de los bienes comunes, en una provincia donde el agua no es solo un recurso: es una condición de supervivencia.
