AGENCIA DE GUARDIA SITIO OFICIAL!
Por Gus Reimon.
Los números oficiales ya no dejan margen para el relato. Según el INDEC, el 81% de la población argentina tiene ingresos inferiores a un millón de pesos mensuales, mientras que el 37% de los mayores de edad no percibe ningún ingreso. Dentro del 63% que sí cobra, el 70% no supera los $1.000.080, y el ingreso promedio apenas alcanza los $634.000, una cifra que no cubre las necesidades básicas en la Argentina actual.
Lejos de tratarse de una estadística aislada, este deterioro económico se expresa con crudeza en sectores clave del propio Estado. En menos de una semana, cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad murieron en hechos que la Justicia investiga como presuntos suicidios, encendiendo alertas en el Ministerio de Defensa por las condiciones laborales, salariales y la ausencia de contención psicológica.
Los casos ocurrieron en distintos puntos del país, pero comparten un denominador común: jóvenes y subalternos sometidos a presión extrema, salarios de subsistencia y un contexto de ajuste generalizado.
El episodio más sensible fue el del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, ocurrido en una garita interna de la Quinta de Olivos, a metros de donde descansaba el propio presidente Javier Milei. A ese caso se sumaron la muerte del suboficial principal Juan Pereira, de 48 años, en la Guarnición de Ejército Monte Caseros (Corrientes); la del gendarme Diego Matías Kalilec, de 21 años, hallado sin vida en Santiago del Estero; y la del soldado voluntario Facundo Gabriel Lima, de la Guarnición del Ejército de Mendoza, encontrado por su familia mientras el Presidente pronunciaba un discurso oficial.
Durante la ceremonia en el Colegio Militar de la Nación, Milei mencionó a algunas de las víctimas. Pero el trasfondo estructural quedó sin respuesta: sueldos que no alcanzan, escasa asistencia psicológica, jornadas extendidas y una sangría constante de efectivos que abandonan las fuerzas para migrar al sector privado.
Suicidio: cifras récord y un problema estructural
Estos hechos se inscriben en un fenómeno mucho más amplio y alarmante. Según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), en la Argentina se registra un suicidio cada dos horas. En 2024 se contabilizaron 4.249 muertes autoprovocadas, la cifra más alta de la historia reciente, con una tasa de 9,8 suicidios cada 100.000 habitantes.
Desde 2023, el suicidio es la principal causa de muerte violenta en el país, representando el 41,7% de los casos, por encima incluso de los homicidios dolosos. El impacto es particularmente fuerte entre jóvenes y se vincula directamente con factores económicos, sociales y la falta de acceso a la salud mental.
Un relevamiento del Ministerio de Salud indica que se registran en promedio 22 internaciones diarias por intentos de suicidio. A nivel global, la OMS estima que cerca de 700.000 personas se suicidan cada año, superando las muertes por guerras, homicidios, VIH/SIDA o malaria.
Radiografía del ingreso: una pirámide social invertida
El cuadro oficial de distribución del ingreso por deciles confirma la gravedad del escenario. Sobre una población total de 29.970.505 personas, apenas 18.822.792 (62,8%) declararon algún ingreso, mientras que 11.077.976 —el 37%— no perciben ningún ingreso propio.
Entre quienes sí cobran, la concentración en los tramos bajos es abrumadora:
El 10% más pobre vive con ingresos de entre $220.000 y $230.000.
El 20% más pobre no supera los $359.000.
Cuatro deciles completos (40%) sobreviven con menos de $590.000, muy por debajo de la canasta básica.
El 70% de quienes tienen ingresos no supera los $1.080.000.
Recién a partir del decil 8 aparecen ingresos superiores al millón de pesos, mientras que el 10% más rico concentra remuneraciones que van desde $2.000.000 hasta $150.000.000, una brecha que expone la desigualdad estructural del modelo económico.
Este esquema explica por qué el ingreso promedio resulta engañoso: no representa a la mayoría, sino que queda inflado por los sectores de mayores recursos.
Ajuste, abandono y responsabilidad del Estado
Los datos del INDEC y del SNIC no pueden analizarse por separado. Ingresos de subsistencia, precarización laboral, desprotección social y desfinanciamiento de la salud mental conforman un cuadro que atraviesa a toda la sociedad y golpea con particular dureza a quienes dependen del Estado.
Mientras el Gobierno libertario insiste en la disciplina fiscal como dogma, la realidad muestra personas al límite, fuerzas de seguridad bajo tensión permanente y un sistema de prevención que no da abasto. La crisis ya no es solo económica: es humana.
Ignorar estos indicadores, minimizar su impacto o reducirlos a “casos aislados” no es solo una falla de gestión.
Es una renuncia explícita a la responsabilidad básica del Estado: cuidar a su población.
📞 Si vos o alguien cercano necesita ayuda, en Argentina está disponible el Centro de Atención al Suicida:
Línea 135 (CABA) | (011) 5275-1135 (todo el país) — atención gratuita y confidencial, las 24 horas.
