AGENCIA DE GUARDIA SITIO OFICIAL!
Por Gus Reimon.
La muerte de un soldado de 21 años, custodio del presidente Javier Milei, con un disparo en la cabeza dentro de la Quinta Presidencial de Olivos, se convirtió rápidamente en un caso incómodo para el Gobierno. No sólo por el lugar donde ocurrió —el corazón mismo del poder— sino por la velocidad con la que se intentó instalar una hipótesis cuando la investigación judicial todavía está lejos de concluir.
El hecho ocurrió el martes entre las 5.15 y las 5.30 de la madrugada, mientras el Presidente se encontraba dentro del predio. El joven, identificado oficialmente como Rodrigo Gómez, integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo, dejó de reportarse durante su guardia. Un compañero se acercó a su puesto y lo encontró con un disparo en la cabeza. Los servicios médicos, primero internos y luego externos, sólo pudieron constatar el fallecimiento.
*Un “suicidio” sin autopsia y con demasiada prisa*
A pesar de que la causa quedó en manos del Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, y de que oficialmente se informó que “todas las hipótesis permanecen bajo análisis”, desde las primeras horas comenzó a circular con fuerza la versión del suicidio, aun antes de la autopsia y del cierre de las pericias criminalísticas. El principal argumento esgrimido fue la aparición de una carta dirigida a familiares y camaradas de armas, cuyo contenido completo no fue difundido públicamente, y que haría referencia a problemas económicos personales.
Incluso trascendió que el soldado arrastraba deudas importantes, un dato que, lejos de cerrar el caso, abre un nuevo interrogante: ¿cómo es posible que un efectivo que custodiaba al Presidente de la Nación se encontrara en una situación económica crítica sin que el Estado lo advirtiera ni interviniera?
*Silencios, hermetismo y contradicciones*
Durante las horas posteriores al hecho, el clima en Olivos fue de hermetismo total. El personal policial se negó a brindar información y el Gobierno difundió un comunicado escueto, que contrasta con las versiones “extraoficiales” que circularon en paralelo dando casi por cerrada la hipótesis del suicidio. Esa doble línea discursiva —cautela formal y cierre mediático apresurado— no contribuye a la transparencia, sino que refuerza las dudas. Más aún cuando se trata de una muerte ocurrida en uno de los lugares más vigilados de la Argentina, bajo custodia militar permanente, con protocolos estrictos y con el Presidente dentro del predio.
*Un Estado ausente para los de abajo, presente para el relato*
El caso adquiere una dimensión política imposible de ignorar. Mientras el Gobierno destina millones de pesos a sostener estructuras de propaganda digital y ejércitos de trolls para blindar el relato oficial, los familiares del soldado fallecido no habrían contado siquiera con asistencia inmediata para los traslados, según trascendió en ámbitos militares y sociales. La escena es brutal: ajuste, abandono y silencio para quienes cuidan al poder; recursos ilimitados para la comunicación política.
*Una muerte que no cierra*
La Justicia investiga y será la autopsia la que aporte elementos determinantes. Pero el problema ya está planteado: cuando desde el poder se intenta cerrar rápido una muerte ocurrida en su propio corazón, las dudas dejan de ser sospecha y se transforman en obligación democrática. No se trata de alimentar teorías conspirativas. Se trata de exigir rigor, tiempos razonables y transparencia real. Porque cuando un custodio presidencial aparece muerto en su puesto de guardia, con un disparo en la cabeza, ninguna hipótesis puede imponerse por conveniencia política. Hasta que la Justicia hable con pruebas, el caso de Rodrigo Gómez seguirá siendo lo que hoy es: una muerte rodeada de silencios, apuros oficiales y demasiadas preguntas sin respuesta.
